Amplio apoyo social a la realización obligatoria de debates pre-electorales presidenciales 

8 de enero de 2015

Desde hace algunos años, legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, ONGs y periodistas proponen institucionalizar en Argentina la realización de debates pre-electorales entre los candidatos a la Presidencia de la Nación. Los proyectos no son todos iguales, pero en líneas generales la opinión pública respalda ampliamente la iniciativa: de acuerdo a la encuesta de diciembre de Observatorio Electoral, el 80,9% de la opinión pública está de acuerdo,  solo el 13,6% está en desacuerdo, y el 5,5% dice no saber.


El respaldo a la realización obligatoria de los debates se distribuye en forma uniforme entre los distintos centros urbanos relevados. Los mayores niveles de apoyo se encontraron en Mendoza-San Rafael (85,7%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (84,8%), Rosario (82,8%), GBA y provincia de Buenos Aires (81,9%), Córdoba-Río Cuarto (81,0%) y Resistencia-Corrientes (78,7%). Solo cae un poco por debajo del promedio nacional el nivel de acuerdo registrado en la ciudad de Neuquén (67.1%). No obstante, el dato saliente es que la iniciativa es ampliamente popular en todo el país.


Observaciones:


  • En la Argentina democrática nunca se realizó un debate pre-electoral televisado entre los principales candidatos presidenciales. El hecho de que la mayoría de las campañas entre  1983 y 2011 se caracterizó por tendencias claras a favor de uno de los postulantes, sumado a la competencia entre los medios de comunicación y otras explicaciones posibles, seguramente conspiró contra el establecimiento de una práctica que nació en los Estados Unidos pero se extendió en gran parte de los países latinoamericanos. Con vistas a las elecciones de este año, diferentes legisladores y organizaciones de la sociedad civil propugnan su institucionalización, y la iniciativa tiene fuerte respaldo: el 80,9% de la población la apoya.

  • Los proyectos, que no son todos iguales, no discriminan por color partidario: los hay de legisladores del oficialismo (como el del senador chaqueño Eduardo Aguilar, presentado en 2014) y de la oposición (como el de las senadoras Estenssoro y Morandini, presentado en 2011, que ya perdió estado parlamentario), y también de ONGs que se declaran apartidarias. Y ello es consecuente con la opinión pública, ya que al cruzar las respuestas con las preferencias políticas de los consultados, surge que el respaldo a la realización obligatoria de los debates es igual de alto entre los oficialistas (es decir, entre quienes tienen imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner) y entre los opositores (quienes tienen imagen negativa de la mandataria).